Más allá de las soluciones tecnológicas rápidas: Un enfoque centrado en las personas para la seguridad urbana digital en las ciudades africanas

El enfoque actual

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Los gobiernos de todo el continente africano han presentado a menudo la adquisición de tecnologías de vigilancia digital como una solución a los antiguos problemas estructurales de inseguridad urbana, presentándolas como esenciales para garantizar la seguridad pública. En la actualidad, la mayoría de estos gobiernos han puesto en marcha programas de prevención de la delincuencia que incluyen el despliegue de tecnologías de vigilancia. Un estudio sobre algunos de estos programas estima que los gobiernos africanos gastan colectivamente más de mil millones de dólares al año en vigilancia digital. El estudio subraya la dependencia de actores extranjeros para el suministro de estas tecnologías: China domina el suministro de tecnologías de vigilancia del espacio público; Estados Unidos y el Reino Unido destacan en el control de las redes sociales; Alemania, Italia e Israel lideran la exportación de programas maliciosos de piratería informática de teléfonos móviles; y el Reino Unido es líder en torres de telefonía móvil falsas (IMSI-catchers) diseñadas para espiar a los usuarios de teléfonos móviles.

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Un examen de la integración predominante de los sistemas de seguridad pública en las ciudades africanas pone de relieve una notable ausencia de consideración por la población. En su lugar, el interés geopolítico, la influencia extranjera y la dinámica política local desempeñan un papel fundamental, dado que la mayoría de estos proyectos se financian mediante acuerdos bilaterales y préstamos que implican la compra de paquetes tecnológicos de vigilancia. A menudo, esto da lugar a una situación en la que se descuidan los elementos cruciales de las necesidades y los intereses de las personas, dejando que el coste final recaiga sobre las mismas personas a las que estos sistemas deben proteger.

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Los escollos del enfoque actual

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El enfoque actual ha dado lugar a que muchas ciudades africanas se conviertan en bancos de pruebas de tecnologías nuevas, no probadas y a veces no reguladas, ya que los gobiernos se esfuerzan por "ponerse al día" constantemente con las tendencias tecnológicas actuales. En consecuencia, la mayoría de los gobiernos africanos tienden a aceptar importantes compromisos, dando prioridad al progreso en forma de avance de las capacidades tecnológicas a expensas de la aportación de los ciudadanos, así como de la seguridad pública. En última instancia, el despliegue de estas tecnologías de vigilancia no se basa en las necesidades reales de la población, sino que da prioridad a otras consideraciones que pueden no coincidir con el bienestar general de las comunidades implicadas.

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• En Zimbabue, a falta de medidas sólidas de participación pública y rendición de cuentas, el Estado se asoció estratégicamente con Cloudwalk, una empresa emergente de inteligencia artificial con sede en Guangdong, para establecer un programa de reconocimiento facial masivo destinado a las fuerzas del orden y a operaciones forenses digitales. La iniciativa, financiada a través de la Iniciativa "Belt and Road" (BRI), se presentó como un acuerdo mutuamente beneficioso. Sin embargo, tras un examen más detallado, se reveló que Cloudwalk proporcionaría tecnologías de vigilancia masiva de alta gama a cambio de las identificaciones faciales de zimbabuenses que se utilizarían para entrenar a fin de mejorar su precisión. Este acuerdo suscitó inquietudes en relación con el colonialismo digital y el riesgo para el derecho a la intimidad de los zimbabuenses, y planteó problemas éticos, ya que las identificaciones faciales de los ciudadanos de Zimbabue se utilizaban esencialmente como mercancía sin su consentimiento para situar a China a la cabeza en la carrera de las tecnologías de reconocimiento facial. La incapacidad de los ciudadanos para contribuir al despliegue de estas tecnologías permite la explotación desenfrenada por parte de empresas privadas en el espacio del reconocimiento facial sin la protección legal adecuada para la población.
• En Uganda, se invirtieron 126 millones de dólares en la obtención de plataformas de seguridad pública de IA para hacer frente a los crecientes incidentes de delitos violentos en la capital del país, Kampala. A pesar de las motivaciones aparentemente permisibles detrás de la adquisición de estas tecnologías de vigilancia, su implementación careció de mecanismos de rendición de cuentas y de participación pública, lo que resultó en el deterioro de las libertades, con organizaciones locales de derechos civiles y líderes de la oposición en Uganda argumentando que la adopción de estos sistemas condujo a la vigilancia extralegal y la interceptación de las comunicaciones de los líderes de la oposición.

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Aunque estas tecnologías tienen el potencial de mejorar la prestación de servicios, la aplicación de la ley y la eficiencia administrativa, su despliegue demuestra a menudo una preocupante falta de concienciación pública y de directrices claras de uso. Además, no existen medidas suficientes para abordar la transparencia y la rendición de cuentas en la adquisición de estas tecnologías de vigilancia, ni políticas que garanticen que los organismos gubernamentales tengan en cuenta el impacto de estas tecnologías en las libertades civiles y la confianza pública, junto con su coste financiero y sus posibles beneficios para la seguridad pública.

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Un enfoque alternativo

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Una perspectiva alternativa es considerar la transformación digital como un proceso guiado por seres humanos, facilitado por la tecnología y centrado en las necesidades de la comunidad. Desde este punto de vista, los gobiernos africanos pueden adoptar una postura estratégica y proactiva que implique activamente a sus ciudadanos al tiempo que salvaguarda los derechos humanos en el despliegue de las tecnologías de vigilancia. Este enfoque centrado en las personas es vital para garantizar que la adopción de estas tecnologías se centre en mejorar la calidad de vida al tiempo que se da prioridad a la sostenibilidad, la inclusión, la prosperidad y los derechos humanos para el beneficio colectivo de todos.

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En la ciudad de Seattle, el público tiene la oportunidad de sopesar los costes y beneficios de las tecnologías de vigilancia de adquisiciones -incluyendo equipos, hardware y software- antes de su despliegue. La ordenanza vigente obliga a los departamentos municipales a preparar un informe sobre el impacto de la vigilancia, que incluya un examen en profundidad de las implicaciones para la privacidad y el impacto en las libertades civiles, centrándose en la equidad y el impacto en la comunidad, de todas las nuevas tecnologías de vigilancia. Además, ordena la celebración de reuniones con la comunidad y la realización de actividades de divulgación antes de su aprobación por el Ayuntamiento, exige la publicación detallada de los informes sobre el impacto de la vigilancia y de las evaluaciones del impacto sobre la equidad, y esboza un proceso sistemático que incluye un inventario de las tecnologías de vigilancia existentes. La ordenanza también establece una causa de acción, que permite al público hacer cumplir la ley en los tribunales, si es necesario, reforzando así el compromiso con la rendición de cuentas y la supervisión legal.

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La ciudad de Oakland adopta un enfoque similar al de Seattle en lo que respecta a los informes de impacto y la participación pública y comunitaria. Además, los departamentos municipales están obligados a presentar un informe exhaustivo en el que se detallen sus planes de utilización de la nueva tecnología de vigilancia, especificando los datos recogidos, su período de conservación y las entidades con acceso a los datos. En particular, se crea un órgano de supervisión conocido como Comisión Asesora sobre Privacidad, para ayudar a la ciudad en la gestión de esta política, y para proporcionar asesoramiento y asistencia técnica al personal de la ciudad sobre cómo proteger los derechos de privacidad de los ciudadanos en relación con la compra y el uso por parte de la ciudad de equipos de vigilancia y otras tecnologías.

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Conclusión

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Es necesario reevaluar los programas de vigilancia digital en las ciudades africanas. Inspirándose en las políticas aplicadas en ciudades como Seattle y Oakland, las ciudades africanas deberían adoptar un enfoque centrado en las personas para garantizar sistemas de seguridad pública más responsables, responsables y eficaces que den prioridad a las necesidades de las personas y garanticen que los avances tecnológicos estén al servicio del bien colectivo, respetando al mismo tiempo los derechos y libertades fundamentales.

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