Más allá de las soluciones tecnológicas rápidas: Un enfoque centrado en las personas para la seguridad urbana digital en las ciudades africanas

El enfoque actual

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Governments across the African continent have often presented the acquisition of digital surveillance technologies as a solution to longstanding structural problems in urban security, portraying them as essential for delivering public security. Currently most of these governments have been implementing crime prevention programs that embrace the deployment of surveillance technologies. A study into some of these programs estimates that African governments are collectively spending over $1 billion per year on digital surveillance. The study underscores the reliance on foreign players to supply these technologies, with China dominating the supply of public space surveillance technologies, the U.S. and the UK excelling in social media monitoring, Germany, Italy, and Israel leading in exporting mobile phone hacking malware, and the UK taking a lead on fake mobile phone towers (IMSI-catchers) designed for spying on mobile phone users.

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Un examen de la integración predominante de los sistemas de seguridad pública en las ciudades africanas pone de relieve una notable ausencia de consideración por la población. En su lugar, el interés geopolítico, la influencia extranjera y la dinámica política local desempeñan un papel fundamental, dado que la mayoría de estos proyectos se financian mediante acuerdos bilaterales y préstamos que implican la compra de paquetes tecnológicos de vigilancia. A menudo, esto da lugar a una situación en la que se descuidan los elementos cruciales de las necesidades y los intereses de las personas, dejando que el coste final recaiga sobre las mismas personas a las que estos sistemas deben proteger.

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Los escollos del enfoque actual

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El enfoque actual ha dado lugar a que muchas ciudades africanas se conviertan en bancos de pruebas de tecnologías nuevas, no probadas y a veces no reguladas, ya que los gobiernos se esfuerzan por "ponerse al día" constantemente con las tendencias tecnológicas actuales. En consecuencia, la mayoría de los gobiernos africanos tienden a aceptar compromisos significativos, priorizando el progreso en forma de avance de las capacidades tecnológicas a expensas de la opinión pública, así como de la seguridad pública. En última instancia, el despliegue de estas tecnologías de vigilancia no se basa en las necesidades reales de la población, sino que da prioridad a otras consideraciones que pueden no coincidir con el bienestar general de las comunidades implicadas.

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• In Zimbabwe, lacking robust public involvement and accountability measures, the state entered into a strategic partnership with Cloudwalk, an AI startup based in Guangdong, to establish a mass facial recognition program for law enforcement and digital forensic operations. The initiative, funded through the Belt and Road Initiative (BRI), was portrayed as a mutually beneficial agreement. However, upon closer examination, it was revealed that Cloudwalk would provide high-end mass surveillance technologies in exchange for the facial IDs of Zimbabweans which would be used to train to enhance their accuracy. This arrangement sparked concerns relating to digital colonialism and risking the privacy rights of Zimbabweans and raised ethical concerns as the facial IDs of Zimbabwean citizens were essentially used as commodities without their consent to essentially position China ahead in the race for facial recognition technologies. The citizens' inability to contribute to the deployment of these technologies allows rampant exploitation by private companies in the facial recognition space without adequate legal protections for the people.
• En Uganda, se invirtieron 126 millones de dólares en la obtención de plataformas de seguridad pública de IA para hacer frente a los crecientes incidentes de delitos violentos en la capital del país, Kampala. A pesar de las motivaciones aparentemente permisibles detrás de la adquisición de estas tecnologías de vigilancia, su implementación careció de mecanismos de rendición de cuentas y de participación pública, lo que resultó en el deterioro de las libertades, con organizaciones locales de derechos civiles y líderes de la oposición en Uganda argumentando que la adopción de estos sistemas condujo a la vigilancia extralegal y la interceptación de las comunicaciones de los líderes de la oposición.

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Aunque estas tecnologías tienen el potencial de mejorar la prestación de servicios, la aplicación de la ley y la eficiencia administrativa, su despliegue demuestra a menudo una preocupante falta de concienciación pública y de directrices claras de uso. Además, no existen medidas suficientes para abordar la transparencia y la rendición de cuentas en la adquisición de estas tecnologías de vigilancia, ni políticas que garanticen que los organismos gubernamentales tengan en cuenta el impacto de estas tecnologías en las libertades civiles y la confianza pública, junto con su coste financiero y sus posibles beneficios para la seguridad pública.

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Un enfoque alternativo

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Una perspectiva alternativa es considerar la transformación digital como un proceso guiado por seres humanos, facilitado por la tecnología y centrado en las necesidades de la comunidad. Desde este punto de vista, los gobiernos africanos pueden adoptar una postura estratégica y proactiva que implique activamente a sus ciudadanos al tiempo que salvaguarda los derechos humanos en el despliegue de las tecnologías de vigilancia. Este enfoque centrado en las personas es vital para garantizar que la adopción de estas tecnologías se centre en mejorar la calidad de vida al tiempo que se da prioridad a la sostenibilidad, la inclusión, la prosperidad y los derechos humanos para el beneficio colectivo de todos.

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In the City of Seattle, the public is given the opportunity to weigh the costs and benefits of acquisition surveillance technologies —encompassing equipment, hardware, and software—prior to their deployment. The Ordinance in place, mandates City Departments to prepare Surveillance Impact Report, that includes an in-depth review of privacy implications and the impact on civil liberties focusing on equity and community impact, on all new surveillance technologies. It further mandates community meetings and outreach before City Council approval, necessitates the robust publication of Surveillance Impact Reports and equity impact assessments, and outlines a systematic process that includes an inventory of existing surveillance technologies. The Ordinance also provides for a cause of action, enabling the public to enforce the law in court, if necessary, thereby reinforcing the commitment to accountability and legal oversight.

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La ciudad de Oakland adopta un enfoque similar al de Seattle en lo que respecta a los informes de impacto y la participación pública y comunitaria. Además, los departamentos municipales están obligados a presentar un informe exhaustivo en el que se detallen sus planes de utilización de la nueva tecnología de vigilancia, especificando los datos recogidos, su periodo de conservación y las entidades con acceso a los datos. En particular, se crea un órgano de supervisión conocido como la Comisión Asesora sobre Privacidad, para ayudar a la ciudad en la gestión de esta política, y para proporcionar asesoramiento y asistencia técnica al personal de la ciudad sobre cómo proteger los derechos de privacidad de los ciudadanos en relación con la compra y el uso por parte de la ciudad de equipos de vigilancia y otras tecnologías.

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Conclusión

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There is a need to reevaluate the digital surveillance programs in African Cities. Drawing inspiration from the policies implemented in cities such as Seattle and Oakland, African cities should embrace a people-centered approach to ensure that more responsible, accountable, and effective public security systems that prioritize the need of the people and ensure that technological advancements serve the collective good while upholding fundamental rights and liberties.

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