El 19 de junio, nuestro tercer diálogo Intercity Digital Pop-Up reunió a ciudadanos de Medellín, Ginebra, Nairobi y Houston, que entablaron una conversación sobre transparencia y seguridad.
Imagen: Laura García
La transparencia, en materia de vigilancia, es una cuestión de grado. Al intentar definir límites claros entre la dependencia del gobierno de la tecnología para la seguridad urbana y la transparencia informativa sobre estas prácticas, comprendemos rápidamente que estas líneas son, en realidad, zonas grises. ¿Cómo podemos iniciar un diálogo sobre un tema tan amplio, considerando los contextos específicos de cada ciudad, para desarrollar regulaciones prácticas? Sugerimos empezar por principios.
El 19 de junio, nuestro tercer diálogo Intercity Digital Pop-Up reunió a ciudadanos de Medellín, Ginebra, Nairobi y Houston, quienes participaron en una conversación sobre transparencia y seguridad con los curadores de las ciudades (Bernard Rappaz, Juan S. Aristizábal, George Mwangala y Chelsea Barabas), los fundadores de Edgelands, Yves Daccord y Beatriz Botero, y la anfitriona Laura García.
El debate tuvo como objetivo explorar las medidas que deben tomar los gobiernos para satisfacer las expectativas públicas de transparencia en el uso de la tecnología digital para la seguridad y recabar información sobre cómo se negocia el contrato social urbano. La diversidad de trayectorias de los participantes, entre ellos un profesional jubilado de los medios de comunicación, un ingeniero de inteligencia artificial, un diseñador de experiencia de usuario (UX), un estudiante de psicología, estudiantes de secundaria y abogados, confirmó la importancia de llevar este tema más allá de los institutos de investigación y el ámbito académico, a espacios comunitarios más amplios.
Habiendo establecido la definición de transparencia en el contexto de la vigilancia como “ la apertura y accesibilidad de la información gubernamental y de los procesos de toma de decisiones relacionados con el uso de tecnologías digitales para fines de seguridad ”, la entendimos como un medio para fomentar la confianza, la rendición de cuentas y un público informado, todos ellos componentes esenciales de un debate democrático.
Sin embargo, al intentar definir los límites de lo que debería ser abierto y accesible frente a la creciente digitalización, los participantes destacaron la importancia de considerar la diferencia entre comunicación proactiva y reactiva y lo que esto significa para la transparencia gubernamental.
Un participante de Medellín señaló que, en una conversación interdisciplinaria, el término «transparencia» podría ser problemático, ya que su posible interpretación en el contexto del diseño tecnológico difiere de la definición práctica que habíamos acordado. Por ejemplo, en el desarrollo de software, la transparencia a veces se refiere a mantener al usuario inconsciente de los complejos procesos que ocurren tras bambalinas en aras de la simplicidad. En otras palabras, al pensar en el diseño tecnológico, es necesaria cierta opacidad: la pregunta es qué debe ser transparente, cuándo y por qué.
Se observó que en Houston existe un uso creciente de tecnología en las escuelas secundarias, pero es difícil encontrar información sobre qué tipo de tecnología se utiliza y quién tiene acceso a ella. Además, un estudiante de secundaria señaló la falta de formularios de consentimiento para estudiantes y padres sobre qué datos se recopilan y cómo se utilizan, lo que subraya el problema de la información no divulgada en un contexto donde las escuelas se consideran infraestructura crítica. Los ciudadanos de Medellín y Ginebra expresaron su deseo de saber qué tecnologías se utilizan para la vigilancia y cómo se utilizan esos datos. Esta preocupación se hizo eco de las discusiones en Nairobi, donde los participantes destacaron la adopción de políticas de CCTV en la ciudad sin marcos legales adecuados ni participación ciudadana.
A pesar de los diferentes contextos, existe un entendimiento compartido de que la transparencia es un problema global y que los principios pueden ser una forma más directa de definir los aspectos importantes de un debate sobre la transparencia.
A diferencia de las directrices, que pueden ser excesivamente específicas y burocráticas, los principios son adaptables y tienen eco en diversas comunidades. Estas ideas pueden empoderar a las comunidades para plantear preguntas cruciales y participar en un diálogo significativo sobre las prácticas de vigilancia, permitiendo a los ciudadanos influir en la conversación y exigir responsabilidades a las autoridades. Por lo tanto, reflexionar sobre los principios antes que sobre las directrices podría ser más productivo, ya que los principios pueden fomentar el debate para generar consenso a nivel global, a la vez que impulsan a las comunidades locales a impulsar un movimiento hacia una seguridad responsable.
Los participantes del Tercer Diálogo Digital Interurbano propusieron que la transparencia se puede definir en torno a cinco principios fundamentales:
Si bien la participación pública puede mejorar la seguridad y la equidad de las prácticas de vigilancia, debe facilitarse de forma que no imponga responsabilidades indebidas a la ciudadanía. Para satisfacer las expectativas públicas de transparencia, los gobiernos deben comunicar claramente qué datos se utilizan y cómo se aplican en las medidas de seguridad, y garantizar que esta información sea fácilmente accesible sin necesidad de que las personas la soliciten. La falta de comunicación proactiva socava la transparencia y la confianza en las instituciones públicas. Los participantes en Ginebra reiteraron que, si bien la ciudadanía debe tener oportunidades de participar en la toma de decisiones, como fue el caso de la votación sobre Integridad Digital en junio de 2023, es, en última instancia, responsabilidad del gobierno garantizar que se establezcan y se cumplan las directrices.
Debemos esforzarnos por equilibrar la vigilancia con el derecho a la privacidad, dado que cierto nivel de vigilancia es necesario para el contrato social actual. Principios como la ausencia de daño, la rendición de cuentas, la privacidad/anonimato, la claridad y el respeto pueden guiar este equilibrio, garantizando que las prácticas de vigilancia sean justas y equitativas. También pueden ofrecer un marco flexible que permita un enfoque ascendente que se adapte a diferentes entornos y empodere a las comunidades para exigir responsabilidades a los gobiernos y las empresas. Al centrarnos en los principios y fomentar la comunicación proactiva, podemos sortear las zonas grises de la transparencia de la vigilancia y avanzar hacia un sistema más equitativo y fiable.
Manténgase atento a nuestra próxima conversación emergente digital interurbana sobre el contrato social urbano y la seguridad, donde discutiremos las responsabilidades que los diferentes interesados (por ejemplo, individuos, gobiernos, escuelas, corporaciones) deberían tener a medida que renegociamos el contrato social urbano.