El 19 de junio, nuestro tercer diálogo Intercity Digital Pop-Up reunió a ciudadanos de Medellín, Ginebra, Nairobi y Houston, que entablaron una conversación sobre transparencia y seguridad.
La transparencia, cuando se trata de vigilancia, es una cuestión de grado. Al intentar definir unos límites claros entre la confianza del gobierno en la tecnología para la seguridad urbana y la transparencia en la información sobre estas prácticas, comprendemos rápidamente que estas líneas son en realidad zonas grises. ¿Cómo podemos entablar una conversación sobre un tema tan amplio, teniendo en cuenta los contextos específicos de cada ciudad, para desarrollar normativas prácticas? Sugerimos empezar por los principios.
El 19 de junio, nuestro tercer diálogo Intercity Digital Pop-Up reunió a ciudadanos de Medellín, Ginebra, Nairobi y Houston, que entablaron una conversación sobre transparencia y seguridad con los comisarios de las ciudades -Bernard Rappaz, Juan S. Aristizábal, George Mwangala y Chelsea Barabas-, los fundadores de Edgelands Yves Daccord y Beatriz Botero, y la anfitriona Laura García.
El objetivo del debate era explorar qué deben hacer los gobiernos para satisfacer las expectativas públicas de transparencia en el uso de la tecnología digital para la seguridad y recabar información sobre cómo se está negociando el contrato social urbano. La diversidad de procedencias de los participantes, entre los que se encontraban un profesional de los medios de comunicación jubilado, un ingeniero de IA, un diseñador de UX, un estudiante de psicología, estudiantes de secundaria y abogados, confirmó la importancia de llevar esta cuestión más allá de los institutos de investigación y el mundo académico, a espacios comunitarios más amplios.
Una vez establecida la definición de transparencia en el contexto de la vigilancia como "la apertura y accesibilidad de la información gubernamental y los procesos de toma de decisiones relacionados con el uso de tecnologías digitales con fines de seguridad", la entendimos como un medio para fomentar la confianza, la responsabilidad y un público informado, todos ellos componentes esenciales de un debate democrático.
Sin embargo, a la hora de definir los límites de lo que debe ser abierto y accesible ante la creciente digitalización, los participantes destacaron la importancia de considerar la diferencia entre comunicación proactiva y reactiva, y lo que esto significa para la transparencia gubernamental.
Un participante de Medellín señaló que, en una conversación interdisciplinar, el término "transparencia" podría resultar problemático, ya que una posible interpretación en el contexto del diseño tecnológico es diferente de la definición de trabajo que habíamos acordado. Por ejemplo, en el desarrollo de software, la transparencia a veces se refiere a mantener al usuario al margen de los complejos procesos que tienen lugar entre bastidores en aras de la simplicidad. En otras palabras, al pensar en el diseño tecnológico, es necesaria cierta opacidad; la cuestión es qué debe ser transparente, cuándo y por qué.
Se señaló que en Houston cada vez se utiliza más la tecnología en los institutos, pero es difícil encontrar información sobre qué tipo de tecnología se utiliza y quién tiene acceso a ella. Además, un estudiante de secundaria señaló que faltan formularios de consentimiento para estudiantes y padres sobre qué datos se están recopilando y cómo se están utilizando, lo que subraya el problema de la información no divulgada en un contexto en el que las escuelas se consideran infraestructuras críticas. Los ciudadanos de Medellín y Ginebra expresaron su deseo de saber qué tecnologías se utilizan para la vigilancia y cómo se utilizan esos datos. Esta preocupación se hizo eco de los debates en Nairobi, donde los participantes destacaron la adopción por parte de la ciudad de políticas de vídeovigilancia sin marcos jurídicos adecuados ni participación ciudadana.
A pesar de los diferentes contextos, existe un entendimiento común de que la transparencia es una cuestión global y que los principios pueden ser una forma más directa de definir los aspectos importantes de un debate sobre la transparencia.
A diferencia de las directrices, que pueden ser demasiado específicas y burocráticas, los principios son adaptables y tienen eco en diversas comunidades. Estas ideas pueden empoderar a las comunidades para que formulen preguntas críticas y entablen un diálogo significativo sobre las prácticas de vigilancia, permitiendo a los ciudadanos dar forma a la conversación y exigir responsabilidades a las autoridades. Por lo tanto, reflexionar sobre los principios antes que sobre las directrices podría ser más productivo, ya que los principios pueden fomentar el debate para producir un consenso a nivel mundial, al tiempo que desafían a las comunidades a nivel local a crear un movimiento hacia una seguridad responsable.
Los participantes en el Tercer Diálogo Digital Interurbano propusieron que la transparencia puede definirse en torno a cinco principios fundamentales:
Por mucho que la participación pública pueda mejorar la seguridad y la imparcialidad de las prácticas de vigilancia, debe facilitarse de forma que no imponga responsabilidades indebidas a los ciudadanos. Para satisfacer las expectativas públicas de transparencia, los gobiernos deben comunicar claramente qué datos se están utilizando y cómo se aplican en las medidas de seguridad, y garantizar que esta información sea fácilmente accesible sin necesidad de que las personas la soliciten. La falta de comunicación proactiva socava la transparencia y la confianza en las instituciones públicas. Los participantes en Ginebra insistieron en que, si bien los ciudadanos deben tener la oportunidad de participar en la toma de decisiones, como fue el caso de la votación por la Integridad Digital en junio de 2023, en última instancia es responsabilidad del gobierno garantizar que se establezcan y sigan las directrices.
Debemos esforzarnos por equilibrar la vigilancia con los derechos de privacidad, dado que cierto nivel de vigilancia es necesario para el contrato social actual. Principios como la ausencia de daño, la responsabilidad, la privacidad/anonimato, la claridad y el respeto pueden guiar este equilibrio, garantizando que las prácticas de vigilancia sean justas y equitativas. También pueden ofrecer un marco flexible al tiempo que permiten un enfoque ascendente que puede adaptarse a diferentes entornos y capacitar a las comunidades para exigir responsabilidades a los gobiernos y a las empresas. Si nos centramos en los principios y fomentamos una comunicación proactiva, podremos navegar por las zonas grises de la transparencia de la vigilancia y trabajar para conseguir un sistema más equitativo y digno de confianza.
Esté atento a nuestra próxima conversación emergente digital interurbana sobre contrato social urbano y seguridad, en la que debatiremos las responsabilidades que deben tener las distintas partes interesadas (por ejemplo, particulares, gobiernos, escuelas, empresas) a la hora de renegociar el contrato social urbano.