Impulsar un nuevo contrato social urbano para todos - Repensar quiénes somos "nosotros

Las enfermedades no discriminan, pero la ironía de la "igualdad de oportunidades" del virus COVID-19 es que la carga de la pandemia la soportan de forma desigual las comunidades marginadas y vulnerables. En mi país natal, Singapur, a pesar de haber sido aclamado como modelo de éxito temprano en la gestión de la pandemia, los trasfondos de la desigualdad quedaron al descubierto entre las comunidades migrantes. En octubre de 2020, el 95% de los casos de COVID-19 en Singapur se produjeron en residencias de trabajadores migrantes. Los trabajadores extranjeros varones de Singapur suelen trabajar en el sector de la construcción, que exige un gran esfuerzo físico, y se alojan en residencias relegadas a los márgenes de la isla. Al parecer, las condiciones de vida en estas residencias son deficientes y fueron objeto de escrutinio por parte de los medios de comunicación cuando aparecieron grupos de casos de COVID-19 en condiciones de hacinamiento que dificultaban el distanciamiento social. 

‍

La tiranía de la minoría sin derechos

Los trabajadores inmigrantes son miembros marginados del tejido social singapurense. Los 1,4 millones de trabajadores inmigrantes de Singapur representan el 24,3% de la población y el 37% de la mano de obra. Considerados por el Estado como empleados transitorios que deben ser repatriados en cuanto finalizan sus contratos, los trabajadores inmigrantes carecen de vías de representación política directa. 

‍

Esta demarcación entre extranjero y ciudadano se ve reforzada por la naturaleza diferencial del uso de la tecnología por parte del Estado en la vigilancia y el control de la pandemia. El Ministerio de Sanidad envía diariamente una notificación de recuento de casos COVID que clasifica los casos por comunitarios frente a los titulares de permisos de trabajo que viven en residencias. Como destaca Kaur-Gill (2020), la separación de las infecciones de los trabajadores inmigrantes de la población general reforzó la dualidad de los trabajadores inmigrantes como el "otro", y enmarcó el brote de los dormitorios de los trabajadores como una pandemia separada que debe contenerse en los márgenes. 

‍

En Singapur, el gobierno hace especial hincapié en la vigilancia activa de la salud pública como medida preventiva para controlar la propagación del virus. Las tecnologías Bluetooth para el rastreo de contactos, como la aplicación TraceTogether, están muy extendidas y han conseguido reducir a la mitad el tiempo que tardan los funcionarios singapurenses en rastrear contactos. Aunque el uso de TraceTogether es voluntario, en enero de 2021 el índice de adopción era relativamente alto: cerca del 80% de los residentes en Sing apur se habían inscrito.

‍

Sin embargo, preocupa la cuestión de la equidad de la vigilancia entre los trabajadores migrantes. Los trabajadores migrantes no tienen la opción de consentir voluntariamente la vigilancia, ya que es obligatorio que participen en el programa TraceTogether. Como señalan Jane Loo et al (2021), los trabajadores migrantes soportan la carga de estar sometidos a tecnologías de vigilancia invasivas adicionales a las que los ciudadanos no están obligados. Estas tecnologías son los tokens BluePass - "creados específicamente para el entorno de las residencias y lugares de trabajo", SGWorkpass y Foreign Workers Ministry of Manpower (FWMOM) Care-, aplicaciones que cumplen una función de control que permite a los trabajadores reincorporarse al trabajo mediante la recopilación de la declaración sanitaria, la dirección de la residencia y el seguimiento por GPS. Los trabajadores deben obtener el "estatus verde" en SGWorkPass para poder salir de la residencia para trabajar en función de la declaración de salud presentada a través de la aplicación. Para los trabajadores inmigrantes, cuya máxima prioridad es ganarse el sustento diario, estas tecnologías están íntimamente ligadas a su libertad económica y su movilidad. Por ello, se ven obligados a renunciar a la privacidad de sus datos. 

‍

Repensar el "nosotros

El ejemplo de Singapur no es más que un microcosmos de nuestro presente cada vez más globalizado, urbanizado y cosmopolita. Como señala el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (UNDESA) en su reunión del grupo de expertos de 2017 sobre "Ciudades sostenibles, movilidad humana y migración internacional", una de cada siete personas en el mundo es migrante, entre las cuales más del 60% de los refugiados y el 35% de los desplazados internos residen en zonas urbanas y suburbanas. Las investigaciones de la OCDE (octubre de 2020) destacan que los inmigrantes corren un riesgo mucho mayor de infección por COVID-19 que los nativos debido a su exposición a una serie de vulnerabilidades como una mayor incidencia de la pobreza, condiciones de hacinamiento en las viviendas y una mayor concentración en puestos de trabajo de primera línea en sus países de acogida, donde el distanciamiento físico es difícil. En este contexto, debemos replantearnos cómo podemos ampliar nuestra perspectiva y tener en cuenta las voces de los marginados en nuestro contrato social urbano colectivo. ¿Cómo podemos defender los derechos y la dignidad de todos dentro del mismo contrato urbano?

‍

Esta línea de investigación se inspira en Nussbaum, que en su libro seminal Frontiers of Justice (2006) se basó en la tradición rawlsiana del contrato social para abogar por la conciencia cosmopolita. Nussbaum critica los límites racionales de la tradición del contrato social: "En concreto, no requiere una benevolencia extensiva. Deriva principios políticos de la idea de la ventaja mutua, sin asumir que los seres humanos tienen lazos profundos y motivadoramente poderosos con los demás". Por el contrario, sostiene que una teoría adecuada de la justicia no surge simplemente del regateo, sino que necesitamos cumplir también nuestro deber fundamental de defender la dignidad humana y los derechos de los demás. Como ciudadanos, participamos en la elaboración de políticas que afectan a la vida de los inmigrantes, acogiéndolos o rechazándolos. Somos conciudadanos, unidos por un conjunto común de preocupaciones morales".

‍

Se trata de una poderosa invitación a la que invito a nuestros lectores a unirse. Cómo sería reimaginar nuestro contrato social de forma que defienda la dignidad y el derecho de los demás?