Impulsar un nuevo contrato social urbano para todos - Repensar quiénes somos "nosotros
¿Qué lecciones podemos aprender de COVID-19 para ser inclusivos en nuestro diseño de un nuevo contrato social urbano? ¿Quiénes son las voces que estamos dejando fuera y que necesitan ser escuchadas?
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Foto de Joshua Tsu en UNSPLASH
Las enfermedades no discriminan, pero la ironía del virus COVID-19, que promueve la "igualdad de oportunidades", radica en que la carga de la pandemia recae de forma desigual entre las comunidades marginadas y vulnerables. En mi país natal, Singapur, a pesar de ser aclamado como un modelo de éxito inicial en la gestión de la pandemia, se expusieron las profundas desigualdades entre las comunidades migrantes. En octubre de 2020, el 95 % de los casos de COVID-19 en Singapur se registraron en residencias de trabajadores migrantes. Los trabajadores extranjeros varones en Singapur suelen trabajar en el exigente sector de la construcción y alojarse en residencias relegadas a los márgenes de la isla. Según se informa, el nivel de vida en estas residencias es deficiente y fue objeto de escrutinio mediático a medida que surgían brotes de COVID-19 en condiciones de hacinamiento que dificultaban el distanciamiento social.
La tiranía de la minoría marginada
Los trabajadores migrantes son miembros marginados del tejido social singapurense. Los 1,4 millones de trabajadores migrantes en Singapur representan el 24,3 % de la población y el 37 % de su fuerza laboral . Considerados por el Estado como trabajadores temporales que deben ser repatriados en cuanto se rescinden sus contratos, los trabajadores migrantes carecen de vías de representación política directa.
Esta distinción entre extranjeros y ciudadanos se refuerza en la naturaleza diferencial del uso de la tecnología por parte del Estado para el monitoreo y control de la pandemia. El Ministerio de Salud envía una notificación diaria del recuento de casos de COVID-19 que clasifica los casos según su comunidad y los de los titulares de permisos de trabajo que viven en residencias estudiantiles. Como destaca Kaur-Gill (2020), la separación de las infecciones de los trabajadores migrantes de la población general reforzó la dualidad de los trabajadores migrantes como el "otro", y enmarcó el brote en las residencias estudiantiles como una pandemia independiente que debe ser contenida.
En Singapur, el gobierno prioriza la vigilancia activa de la salud pública como medida preventiva para monitorear la propagación del virus. Las tecnologías Bluetooth para el rastreo de contactos, como la aplicación TraceTogether, se han implementado ampliamente y han reducido eficazmente a la mitad el tiempo que tardan las autoridades singapurenses en realizar dicho rastreo . Si bien el uso de TraceTogether es voluntario, su adopción ha sido relativamente alta desde enero de 2021, donde cerca del 80 % de los residentes singapurenses se han registrado.
Sin embargo, la cuestión de la equidad en la vigilancia entre los trabajadores migrantes es preocupante. Estos trabajadores no tienen la opción de consentir voluntariamente la vigilancia, ya que su participación en el programa TraceTogether es obligatoria. Como señalan Jane Loo et al. (2021), los trabajadores migrantes soportan la carga de estar sujetos a tecnologías de vigilancia invasivas adicionales a las que los ciudadanos no están obligados. Estas tecnologías incluyen tokens BluePass —diseñados específicamente para el entorno de residencias y lugares de trabajo— , SGWorkpass y aplicaciones del Ministerio de Trabajo para Trabajadores Extranjeros (FWMOM Care), que cumplen una función de control que permite a los trabajadores reanudar su trabajo mediante la recopilación de la declaración de salud, la dirección de la residencia y el rastreo GPS. Los trabajadores deben obtener el "estatus verde" en SGWorkPass para poder salir de la residencia para ir a trabajar, según la declaración de salud presentada a través de la aplicación. Para los trabajadores migrantes, cuya máxima prioridad es ganarse la vida, estas tecnologías están estrechamente vinculadas a su libertad económica y movilidad. Por este motivo, se encuentran en una posición comprometida al tener que renunciar a la privacidad de sus datos.
Repensando el “nosotros”
El ejemplo de Singapur no es más que un microcosmos de nuestro presente cada vez más globalizado, urbanizado y cosmopolita. Como señala el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES) en su reunión de 2017 del grupo de expertos sobre «Ciudades Sostenibles, Movilidad Humana y Migración Internacional», una de cada siete personas en el mundo es migrante, de las cuales más del 60 % de los refugiados y el 35 % de los desplazados internos residen en zonas urbanas y suburbanas. Una investigación de la OCDE (octubre de 2020) destaca que los inmigrantes corren un riesgo mucho mayor de contraer COVID-19 que las poblaciones autóctonas debido a su exposición a diversas vulnerabilidades, como una mayor incidencia de la pobreza, condiciones de vivienda superpobladas y una mayor concentración en empleos de primera línea en sus países de acogida, donde el distanciamiento físico es difícil. En este contexto, debemos replantearnos cómo podemos ampliar nuestra perspectiva e incorporar las voces de los marginados en nuestro contrato social urbano colectivo. ¿Cómo podemos defender los derechos y la dignidad de todos dentro de este mismo contrato urbano?
Esta línea de investigación se inspira en Nussbaum, quien en su influyente libro Fronteras de la Justicia (2006) expuso la tradición rawlsiana del contrato social para abogar por la conciencia cosmopolita. Critica los límites racionales de la tradición del contrato social: «En concreto, no exige una benevolencia extensiva. Deriva principios políticos de la idea del beneficio mutuo, sin asumir que los seres humanos tengan vínculos profundos y motivacionales con otros». Más bien, argumenta que una teoría adecuada de la justicia no surge simplemente de la negociación, sino que también debemos cumplir con nuestro deber fundamental de defender la dignidad humana y los derechos de los demás. Escribe: «Como ciudadanos, participamos en la formulación de políticas que afectan la vida de los migrantes, acogiéndolos o rechazándolos. Somos conciudadanos, unidos por un conjunto común de preocupaciones morales».
Esta es una poderosa invitación a la que invito a nuestros lectores a unirse. ¿Cómo sería reimaginar nuestro contrato social de una manera que defienda la dignidad y los derechos de todos?
